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El desafío es avanzar más allá de las prácticas vigentes para dar lugar a una democracia más transparente y participativa que retome los principios históricos que inspiraron las luchas democráticas, la igualdad, la libertad, la solidaridad y la justicia social. Para ello es necesario sentar los cimientos de una democracia con nuevas bases que articule la calidad institucional y la distribución social y federal de la riqueza nacional.
La democracia es un régimen político que necesita ser pensado y recreado permanentemente. No puede alimentarse exclusivamente de sus rutinas. Dicho de otra manera, no se trata de conciliar los intereses tal cual existen, sino de luchar para reformularlos y reorientarlos en función de un proyecto de mejora de la sociedad.
La democracia que hemos recuperado institucionalmente hace casi tres décadas, tiene una deuda con la sociedad que no podemos ni debemos eludir. La calidad de una sociedad y de su organización estatal se relaciona directamente con la capacidad de proporcionar a sus habitantes los atributos mínimos de ciudadanía garantizando un piso irrevocable de derechos para todas, todos y cada uno de sus habitantes.
En esta dirección, para definir un horizonte progresista partimos de dos premisas
fundamentales: un mayor bienestar y un mejor Estado para todos y todas.
El concepto de bienestar alude a una situación colectiva de satisfacción de necesidades. No se trata de una adquisición personal sino de un proyecto. Un proyecto de organización social que estructura y da sentido al porvenir de una sociedad.
Es una construcción colectiva que se forja en el ámbito público sobre la base de valorescompartidos. Es reconocer los derechos y crear las condiciones para garantizarlos.
Esta visión demanda una nueva relación entre Estado, Mercado y Sociedad Civil que jerarquiza el valor de lo público, la participación ciudadana y el rol de las iniciativas sociales, tratando de contrarrestar tanto el paternalismo estatal como el reino del mercado.
A diferencia de la sociedad en la que vivimos, donde la exclusión social es un rasgo estructural, una sociedad del bienestar encuentra su principal fundamento de legitimidad en su capacidad inclusiva.
Como podemos comprobarlo a partir de los últimos años de sostenido crecimiento
económico de nuestro país, el carácter inclusivo de la sociedad no surge espontáneamente ni es inherente al desarrollo del mercado. El bienestar de una sociedad sólo es el resultado de una voluntad política.
Es necesario mejorar el Estado, volverlo más eficiente, en sus dos dimensiones:
institucional y cívica. En su dimensión institucional, hablamos del Estado de Derecho, del respeto a la ley, de la garantía de los derechos fundamentales, del acceso de todos y todas a la justicia, del respeto a la división de poderes. En su dimensión cívica, nos referimos a una relación de pertenencia, del Estado como unidad de representación, en el cual las ciudadanas y ciudadanos se reconozcan, y se respeten los derechos individuales.
Se trata de construir un Estado eficiente y a la vez amable, capaz de impulsar con rapidez las políticas públicas, pero también de construir un trato cordial con las ciudadanas y los ciudadanos. Un nuevo trato que le permita al Estado renovar en el día a día su legitimidad, recuperando de ese modo la autoridad necesaria para transformar la sociedad y erradicando la arbitrariedad del poder.
Para esto resulta imprescindible revertir la degradación de la calidad de las instituciones estatales. El Estado que necesitamos las y los argentinas debe reflejar la pluralidad y heterogeneidad de nuestra sociedad.
Un programa para las y los argentinos
Un programa de gobierno se sustenta en principios, más allá de la definición puntual de acciones y proyectos. En este sentido, nuestro Programa levanta el principio de los derechos, que
permite extender la noción de ciudadanía; el principio de la justicia, que permite que una sociedad sea más equilibrada y armónica; el principio de la democracia, que permite la participación, el diálogo cívico y la cooperación social; el principio de la libertad, que busca poner fin a las esferas de opresión y dominación; y el principio de la igualdad, que rectifica las desigualdades.
Nuestro programa estratégico de gobierno tiene dos objetivos fundamentales: la erradicación de la pobreza y el fortalecimiento de la calidad institucional.
Entendemos que la situación de necesidad generalizada que implica la pobreza tiene que ver con el ingreso y también con el incremento de la desigualdad, el deterioro de la condición humana en términos de acceso a una salud y una educación de calidad, vivienda digna, trabajo decente, alimentación, dominio de la tecnología y los nuevos lenguajes. Se relaciona a su vez con la autonomía y capacidad de participación y asociación, sentido de pertenencia al colectivo y adscripción a las normas que hacen posible la convivencia.
En este marco, la calidad institucional no es neutra cuando se trata de responder a las necesidades de la sociedad. El Estado debe estar al servicio del desarrollo integral de las y los ciudadanos a través del cumplimiento de la ley y de una distribución eficiente, transparente y justa de los recursos públicos. Para ello debe estar dotado de capacidad de gestión y comprometido con mecanismos de rendición de cuentas. El cumplimiento de las reglas compartidas por todos y todas incluye las capacidades tanto del gobierno para proveer bienes y servicios públicos, como del sector privado para desarrollarse con reglas claras y comprometerse con fines colectivos.
La experiencia colectiva que estamos desarrollando en Santa Fe nos permite aportar ideas para pensar la Nación. Los y las socialistas, junto a otras fuerzas progresistas, estamos protagonizando un proceso histórico desde hace veinte años cuando asumimos la Intendencia de Rosario. En 2007 con el Frente Progresista, Cívico y Social logramos acceder al gobierno de la Provincia de Santa Fe, al tiempo que hemos sostenido y ampliado nuestras prácticas de gestión local.
Cuando pensamos el país, lo hacemos desde el reconocimiento de la diversidad de las provincias argentinas y sus realidades y de las especificidades que acentúan las diferencias de escala entre lo nacional, lo provincial y lo local; por lo que sabemos que la experiencia santafesina, si bien importante, no puede trasladarse automáticamente como una receta. Creemos que del diálogo y la concertación con las fuerzas progresistas podemos avanzar hacia un cambio cultural que jerarquice las coincidencias sobre las diferencias y permita construir una unidad nacional sin
sacrificar la autonomía de los Estados subnacionales.
Estamos abocados a la tarea de construir un país normal, que destierre la tendencia a la excepcionalidad y recupere el valor del acuerdo y respeto a las normas de convivencia que regulan la vida en sociedad. En este camino, distinguimos los siguientes pilares fundamentales:
• Diálogo y concertación
Para dialogar se requiere de voluntad, una gran capacidad de escucha y de respeto por el
otro. Sabemos que hoy se proclama el diálogo pero se observan pocas actitudes que lo favorezcan; es por esa razón que estos conceptos han perdido su significado más profundo. Reconociendo como antecedente el camino trazado por el Diálogo Argentino para responder a una crisis tan compleja como la de 2001, debemos reconstruir esa herramienta. El mayor acierto de aquella experiencia de diálogo institucional fue cambiar el lugar y la forma de la discusión política que se había barbarizado y dotarlo de racionalidad. Mejorar la calidad de la discusión pública y reconocer al otro como un igual, facilitará la convergencia de voluntades en una orientación común.
• Cohesión social y solidaridad
Es imperioso consolidar en la Argentina lazos sociales que refuercen la confianza y la reciprocidad. La cohesión social se fortalece con la solidaridad. Desde el Estado se deben fortalecer vínculos y redes a través de diversos mecanismos de inclusión, tales como un nivel adecuado de gasto público social y su distribución equitativa según las necesidades del territorio.
• Participación ciudadana
La experiencia nos demuestra que sin participación no hay cambio: ninguna transformación
histórica se ha logrado sin participación ciudadana. La democracia social que le hace falta hoy a
nuestra República, se construye y se sostiene sólo con una ciudadanía involucrada y comprometida. Y especialmente en la época actual adquiere una importancia primordial el espacio local, ámbito privilegiado para la participación ciudadana.
•Transparencia, ética pública y cambio moral
Nuestro proyecto colectivo se funda en principios éticos: la ética es parte inseparable de la
propuesta socialista. La ética pública requiere que el Estado tenga como prioridad trabajar en
defensa de los derechos fundamentales de ciudadanos y ciudadanas, estableciendo los
mecanismos y las acciones legales y administrativas necesarios para garantizar la transparencia,
generando un sistema de justicia independiente, sancionando las prácticas de corrupción e
impunidad, promoviendo el control social, y garantizando el acceso de las y los ciudadanos a la
información pública.
El cambio moral que promovemos consiste en transformar la lógica de las y los funcionarios
públicos. Apuntamos a que los mismos se consideren como verdaderos servidores de la
ciudadanía, que deben velar por la defensa del interés público por sobre los intereses individuales.
Deben cumplir con la ley, rendir cuentas a la sociedad de sus actos y ser imparciales en la gestión de los asuntos públicos.
• Ciudadanía e inclusión social
La garantía de una democracia social es la efectiva inclusión social y política de la ciudadanía, aspectos que siguen relegados en la Argentina.
Para la construcción de una ciudadanía con acento en la inclusión social, es necesario enfrentar las causas de la pobreza y no sólo trabajar para combatir sus efectos. Esta tarea exige la
superación de visiones parcializadas y la adopción de abordajes integrales y multidisciplinarios.
• Economía del desarrollo
Una economía del desarrollo requiere de un Estado activo para orientar el crecimiento y la
distribución del ingreso. Es preciso, en consecuencia, encontrar combinaciones de instrumentos y
políticas que actúen en ambas direcciones: crecimiento económico e igualdad distributiva. La
redistribución es un objetivo legítimo de las políticas públicas para equilibrar la tendencia del
mercado a concentrar recursos y es tan importante como el crecimiento para la reducción de la
pobreza.
En este sentido, las políticas de crecimiento económico y desarrollo social deben llevarse a cabo simultáneamente, y no de forma consecutiva. El crecimiento económico permite una
inversión sostenida en desarrollo social y, viceversa, el desarrollo social aumenta la capacidad de
los ciudadanos de contribuir al crecimiento.
La participación de los sectores público y privado, así como su complementariedad, son
cruciales en este proceso. El primero tiene su mayor responsabilidad en el desarrollo social y en la orientación de las decisiones del segundo, que concentra su mayor responsabilidad en el
crecimiento económico y el empleo. Una correcta identificación de la estrategia de desarrollo
económico debe considerar: la relación entre el Estado, el mercado y la sociedad civil; la inserción en el mercado internacional y en el sistema financiero nacional e internacional; la estructura de la producción por origen sectorial y su destino a los mercados internos o externos; la inversión pública y privada y su financiamiento; y la distribución del ingreso, tanto funcional como personal, y su dimensión social.
Promovemos un desarrollo integral que contemple lo económico, lo social y lo ambiental.
• Planificación estratégica
La planificación estratégica es el instrumento idóneo para formular y desarrollar estrategias
de cambio basadas en un conocimiento de la realidad que incorpore todas las miradas,
reconociendo nuestras historias y nuestras culturas. La tarea de planificar requiere estudiar y
conocer antes de decidir. Supone creación e innovación antes que repetición. Es una forma de
evitar que la exigencia de dar respuestas diarias a las urgencias nos impida ver los temas más
importantes cuya atención resulta decisiva para definir el futuro.
Adoptar un enfoque estratégico implica asumir una visión orientada a la acción y
caracterizada por una multiplicidad de perspectivas, que involucra vínculos transdisciplinarios e
interinstitucionales y los pone al servicio de la construcción participativa de un horizonte futuro, lo cual conlleva un cambio cultural. La planificación estratégica territorial es una herramienta de
análisis, participación ciudadana y toma colectiva de decisiones, que produce un marco de
referencia compartido, cuya importancia decisiva radica en la perspectiva a partir de la cual aborda las ideas de transformación. No sólo marca el ritmo de crecimiento económico, sino que también fija la orientación y destino del mismo: le da direccionalidad.
